El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció recientemente que el Gobierno autonómico consolida la red de recursos públicos para la atención a personas con discapacidad a través de la contratación de plazas con entidades del sector por el procedimiento del concierto social. Para eso, el Consello aprobó “la primera convocatoria de plazas” que la Xunta va a contratar a través de este régimen en el área de discapacidad.
Rueda explicó que el Ejecutivo autonómico va a destinar “un total de 96 millones de euros para seis convocatorias, una por cada tipo de discapacidad”: intelectual, física, autismo, daño cerebral, parálisis cerebral y enfermedad mental. “El primero de estos conciertos se dirige las personas con dependencia que padecen una enfermedad mental”, destacó.
De este modo, explicó que el Consello acordó la convocatoria “de 33 plazas de atención diurna especializada en salud mental y el servicio de transporte vinculado a estas". Rueda indicó que la duración inicial de los conciertos sociales que se firmarán con las entidades que resulten seleccionadas será de cuatro años y podrán renovarse hasta conseguir un máximo de diez años. “El presupuesto de estos contratos es de 1,1 millones de euros para el período 2024-2028, que podrá llegar hasta los 3,9 millones de euros teniendo en cuenta las posibles prórrogas”, subrayó.
La convocatoria de estas plazas se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y se prevé que los conciertos con las entidades entren en vigor “en el primer trimestre del año”, indicó.
Ventajas del concierto social
El concierto social es una demanda histórica de las entidades del sector, que facilitará que las personas con discapacidad no tengan que desplazarse largas distancias para acceder a una plaza pública.
Además, a través de esta modalidad para la contratación de servicios especializados, la Xunta subirá un 25% la inversión con respeto a los contratos actuales; aumentará el importe del precio/plaza de los servicios y garantizará y consolidará la continuidad de estos recursos públicos especializados. La Administración autonómica también asumirá las subidas salariales de los profesionales que atienden estos servicios y dará mayor estabilidad jurídica y económica a las entidades que prestan esta atención.
